El prestador de salud debe tener presente que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de otros derechos. Por consiguiente, un medicamento esencial no es una mercancía, sino un bien público que por ningún motivo puede ser negociado.
Acceder a un establecimiento de salud (y atenderse allí) no debe ser considerado como un favor al ciudadano, sino como un derecho exigible. Por ello, la autoridad competente debe adoptar y ejecutar una política nacional de salud nacional, diseñada para asegurar el derecho a la salud de toda la población.
Sin embargo, el 25 de diciembre de 2007, la oficina defensorial de Puno recibió la queja de los pobladores del distrito de Huayrapata, quienes acusaron a una funcionaria del establecimiento de salud del lugar por efectuar cobros indebidos y maltratar a los usuarios. Ante esta situación, la defensoría verificó de inmediato los hechos y constató que, efectivamente, una de las servidoras del referido centro estaba realizando cobros indebidos de, por ejemplo, las medicinas e instrumentos destinados a la atención de un parto. Así lo confirmó una beneficiaria del Sistema Integral de Salud (SIS), quien tuvo que pagar la suma de 24.36 nuevos soles para ser atendida.
De inmediato, estas irregularidades fueron informadas al director de la red de Salud de Huancané, quien procedió a iniciar la investigación correspondiente en contra de la servidora quejada. Una vez que se determinó su responsabilidad, la servidora fue sancionada con cinco días de suspensión y sin goce de remuneración.
Así, la Defensoría del Pueblo cumplió con su función de supervisar de manera permanente el pleno acceso a la atención en salud en sus diversos componentes como disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
Página web: www.defensoria.gob.pe
Fuente : El Peruano
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