El Estado peruano muestra muchas deficiencias, y la mayor es, qué duda cabe, el cuidado de la salud. Son pocos los avances que podemos mostrar en este campo y muchos los errores cometidos por nuestros profesionales, yerros que han llegado a cobrar la vida de sus pacientes.
Aunque suene paradójico y hasta cruel, esta realidad hace que los peruanos necesitemos protegernos cuando acudimos en busca de ayuda médica, porque podemos terminar, por una mala práctica o por insuficiencia de equipos o medicamentos, con una amputación no programada o en la fría tumba de un cementerio.
En consecuencia, así como el Estado tiene la obligación de mejorar la infraestructura de los hospitales para garantizar que todos los médicos o enfermeras cuenten con los recursos materiales para salvar una vida, estos profesionales, a su vez, tienen que contar con un instrumento financiero que les permita ofrecer una indemnización a la persona que hayan perjudicado, involuntariamente, se entiende.
Definitivamente, respaldamos la idea de crear un Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil por Servicios de Salud, una especie de "SOAT médico", un producto que contribuya a modernizar el sistema de salud nacional, que no debe seguir a la deriva como hasta ahora, al margen del desarrollo que van tomando otras actividades importantes para el país.
En este orden, creemos que no hay cabida para manifestaciones de "espíritu de cuerpo" que podrían tomar los médicos que ejercen la labor de congresistas para oponerse a la propuesta. Es claro que tienen que asumir la responsabilidad que les corresponde, porque si bien algunos errores se podrían explicar por las carencias que existen en los hospitales públicos, muchos otros se han cometido por mala práctica, por no respetar los protocolos que demandan el cuidado de la salud, por ignorancia o por simple desidia y negligencia.
Los profesionales de la salud tienen que cumplir el juramento de hacer todo lo posible para salvar una vida, pero también tienen que asumir la responsabilidad que les corresponde cuando se equivocan en el tratamiento que le dan a sus pacientes.
Nuestra Constitución Política del Estado precisa que la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Por ello, las políticas públicas deben estar dirigidas a la defensa de la persona humana y la protección de la vida.En principio toda persona es responsable del daño que eventualmente cause. Pero cuando el daño no responde a negligencia médica sino a falta de infraestructura, instrumental para diagnóstico o tratamiento, ¿quién responde? Para legislar adecuadamente es necesario atender el problema en el contexto real y específico.
De otro lado, el seguro médico debe modificar conductas. Hacer que clínicas, hospitales, médicos y pacientes cuenten con información adecuada. No puede pagar igual por el seguro quien cumple sin negligencia, que aquel que incumple con sus tareas por descuido culpable.
Michael Urtecho
Congresista
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